Honduras requiere nuevo Código Electoral para unificar legislación de cara a próximas elecciones

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Honduras requiere nuevo Código Electoral para unificar legislación de cara a próximas elecciones

coversatorio Codigo Electoral
  • La ASJ propone la creación de un Código Electoral que entre en vigencia para las consultas populares de 2020 y los procesos electorales de 2021.
  • Para la aprobación del nuevo instrumento legal se requiere voto de dos tercios del Congreso Nacional.

Tegucigalpa. Ante un proceso de reforma integral al sistema electoral, Honduras requiere un Código Electoral, un instrumento que unifique la legislación nacional sobre la temática y defina reglas claras de cara a las próximas elecciones.

Actualmente, con la ampliación de su estructura orgánica y la dispersión de disposiciones legales en cuatro normativas diferentes que regulan los procesos electorales, la justicia electoral, el financiamiento político y las consultas ciudadanas, la creación del Código Electoral se vuelve necesaria para recopilar las leyes o estatutos sobre la materia.

La aprobación de nuevas leyes y reforma de las ya existente representa una multiplicidad que expone nuevamente la legislación electoral a escenarios de reforma repentina, atendiendo a las necesidades e intereses de grupos políticos en determinadas coyunturas políticas.

“El Código Electoral es un factor que contribuirá a la promoción y estabilidad de esta rama en el derecho hondureño, por lo tanto, es preciso dotarla de la jerarquía que la misma Constitución le ha conferido a la legislación electoral”, apunta Lester Ramírez, director de Gobernanza y Estudios Aplicados de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Conversatorio sobre propuesta de Código Electoral

Un Código Electoral permitirá la simplificación y sistematización de la legislación electoral, con el objetivo de reducir al máximo las posibles dudas o equivocaciones en cuanto a su sentido, alcance, así como la promoción de su sencillez y rapidez en términos de aprendizaje y difusión.

Las ambigüedades imperantes en la legislación actual dan pie a casos como el registrado después de las elecciones generales de 2017, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) procedió a cancelar la inscripción de los partidos políticos Frente Amplio Político Electoral (FAPER) y Alianza Patriótica Hondureña (APH), en vista de que ninguna de las dos organizaciones política cumplió con lo estipulado en el artículo 96 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP) para mantener la vigencia de su inscripción. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia revirtió la decisión del TSE, ordenando la reinscripción de ambas instituciones.

Este precedente, entre otros, deja en evidencia las contradicciones en relación a lo dispuesto en la LEOP y la interpretación discrecional que la Corte realiza sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos políticos.

La propuesta de la ASJ toma en cuenta la armonía y coherencia en materia electoral y de consulta ciudadana hacia la construcción de seguridad jurídica en la aplicabilidad de la norma desde un solo Código.

Por otra parte, señala un solo procedimiento de reforma y aprobación del Código, finalizando antes de la conclusión de la presente legislatura y con el voto favorable de la mayoría calificada del Congreso Nacional. Este podría ser el único proceso de reformas electorales de tal magnitud en los próximos 10 o 15 años.

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