En los últimos años, Honduras ha sido considerada como el país más peligroso de Latinoamérica y el Caribe, y uno de los más violentos del mundo: en 2011 la tasa de homicidios llegó a 86.5 por cada 100 mil habitantes (el índice de impunidad es de 96%).

El ambiente de inseguridad es altamente perceptible, el país está atrapado por redes del crimen organizado y narcotráfico. Sin embargo, los esfuerzos públicos para combatir estos índices tienen muchas falencias y limitantes, entre ellos, los recursos financieros. A lo largo de los años, las asignaciones presupuestarias dirigidas a las instituciones encargadas de brindar justicia y seguridad han sido muy fluctuantes; debido, principalmente, a la falta de una política nacional y a un plan de acción de largo plazo, además de la influencia de factores políticos en la toma de decisiones, así como políticas públicas poco objetivas o diseñadas de manera rápida por los gobiernos de turno, que ha provocado que los recursos destinados a estos temas no generen impactos positivos al nivel esperado a favor de la población.

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