Proceso de depuración y transformación policial no tiene paralelo en América Latina

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Proceso de depuración y transformación policial no tiene paralelo en América Latina

presentacion Wilson Center

Tegucigalpa. Un informe del Woodrow Wilson International Center for Scholars (Wilson Center), de los Estados Unidos de América, examina –en un denso de informe de 65 páginas- el trabajo de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, detallando su mandato, funcionamiento, logros, críticas y consideraciones con respecto a la sostenibilidad del más radical e integral proceso de reforma institucional de esa entidad de seguridad pública.

El reporte, elaborado por el consultor independiente David Dye, destaca la amplia evaluación de idoneidad que se realizó, entre los años 2016 y 2019, a más de 13 mil 500 miembros de la carrera policial y que permitió excluir del servicio público a cerca de 6 mil oficiales y agentes por diversos motivos, entre los que se destacan la reestructuración, el retiro voluntario y el despido por justa causa que incluye la comisión de faltas muy graves y delitos.

Dye, precisa que además de ejecutar una profunda profilaxis en el ente armado, la Comisión Especial desempeñó un papel importante en el fomento de reformas institucionales que potencialmente transformarán la Policía Nacional de Honduras, destacándose entre las innovaciones más relevantes la modernización del marco legal, la reestructuración orgánica, el rediseño del sistema educativo y más estrictos criterios de reclutamiento, la creación de un organismo de control disciplinario, el fortalecimiento de la capacidad de inteligencia e investigación criminal, la edificación de infraestructura, la dotación de equipamiento y apalancamiento tecnológico, una amplia reingeniería de procesos administrativos, financieros y logísticos, y la instauración de un enfoque comunitario y de proximidad en todas las operaciones policiales.

Eric L. Olson, representante del Wilson Center para Centroamérica, quien hizo la presentación de la investigación ante más de un centenar de hondureños en un hotel capitalino, consideró importante la promulgación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de la Carrera Policial, la transformación del instituto Tecnológico Policial (ITP) y las reformas que se realizan a la Academia Nacional de Policía (Anapo), la puesta en marcha de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), el fortalecimiento de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y los esfuerzos por implementar una nueva mística policial con énfasis el respeto de los derechos humanos y la relación cercana con las comunidades.

“Son cambios apreciables y resultados que alientan; sin duda alguna, se ha logrado mucho y se constituye en un reto que este proceso sea sostenible para lo cual se deberá contar con voluntad política de las autoridades, el flujo permanente de recursos presupuestarios, un fuerte liderazgo, la veeduría ciudadana y el acompañamiento de la comunidad internacional”, dijo Olson.

El análisis elaborado por el “think tank” estadounidense se atreve a precisar que este proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional de Honduras, “no tiene paralelo en América Latina en las últimas décadas”.

Por otra parte, se indica que el proceso de depuración policial permitió “eliminar de la institución muchos elementos corruptos y criminales”; según miembros de la Comisión Especial, los indicios de la supuesta comisión de delitos establece diversos ilícitos, tales como: malversación de caudales públicos, fraude, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, crimen organizado, tráfico de drogas, sicariato, asociación ilícita, contrabando, cohecho, vínculo con el narcotráfico, secuestro, extorsión, tráfico de armas, abuso de autoridad, robo de ganado, asesinato, homicidio, hurto, incumplimiento de los deberes de los funcionarios, vínculo con delincuentes, entre otros.

Al respecto, el documento recuerda que, a fin de garantizar la debida persecución penal a aquellos policías que se supone cometieron actos reñidos con la Ley, se entregó a las autoridades del Ministerio Público (MP), más de dos mil expedientes completos y denuncias ciudadanas, los cuales arrojan indicios de supuesta responsabilidad penal de oficiales de diferentes grados, agentes de escala básica y personal auxiliar de la Policía Nacional y funcionarios de la Secretaría de Seguridad.

Y añade –el informe- que “los resultados preliminares del trabajo de la Comisión Especial indican que es posible avanzar en la tarea difícil de reformas policiales, aún contra los intereses del poder establecido”. En ese sentido, recomienda a fin de garantizar la sostenibilidad y los beneficios del proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional de Honduras, la continuidad en el modelo de seguridad pública, compromisos para el liderazgo institucional, coordinación del trabajo con otras agencias de seguridad del Estado, mejorar los recursos humanos y financieros necesarios para una buena gestión, fortalecer los mecanismos de control interno, investigaciones y juicios efectivos contra elementos implicados en delitos, veeduría de la sociedad civil, potenciar el enfoque comunitario y apoyo continuo de la comunidad internacional.

VOLUNTAD POLÍTICA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y APOYO INTERNACIONAL

El reporte elaborado por el Wilson Center subraya la voluntad política de las autoridades gubernamentales, especialmente del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y el secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, para impulsar esta iniciativa de reforma policial y tomar las decisiones conducentes a efectuar la necesaria limpieza en la estructura de la institución.

De la misma manera, señala la voluntad mayoritaria de las diferentes bancadas de los partidos políticos representados en el Congreso Nacional de la República para aprobar el decreto de emergencia que dio vida a la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, y decretar la vigencia del nuevo marco legal aplicable a la entidad. Cabe mencionar, que, en dos ocasiones, la asamblea legislativa amplió el mandato de la Comisión Especial, estableciendo como término de su mandado el mes de enero de año 2021.

Pero si algo se destaca en el reporte como trascendental y estratégico es el rol jugado por la sociedad civil en la conformación de la Comisión Especial y la fuerza con la que impulsaron el proceso de evaluación de policiales, el combate a la corrupción, y la implementación de reformas estructurales a la Policía Nacional; con especial consideración, recalca la destacada participación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), de quienes dice que “estaban lo suficientemente motivados como para aprovechar una oportunidad política para promover la reforma, a pesar de que eso significaba asumir graves riesgos personales y de reputación”.

Sobresale el apoyo externo proveniente de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y el Gobierno de los Estados Unidos de América, especialmente en procesos vinculados a la reforma del sistema educativo policial, el rediseño de las unidades de inteligencia e investigación criminal, la conformación de fuerzas especiales, la dotación de equipamiento y tecnológica, la construcción de modernas instalaciones policiales y la ejecución de programas de prevención de la violencia.

DESTACADOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME

Durante la presentación del estudio “Rol de la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras” tuvo especial participación Eric L. Olson, representante del Woodrow Wilson International Center for Scholars para Centroamérica, quien fue el encargado de hacer un resumen ejecutivo del contenido del documento.

Asimismo, participaron en un panel en el cual se reflexionó sobre los logros y desafíos del proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional de Honduras, Vilma Morales; expresidenta de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras; Andrés Restrepo, especialista en Seguridad Ciudadana para Triángulo Norte de Centroamericano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y Julieta Castellanos, directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Igualmente, se hicieron presentes Carlos Hernández y Omar Rivera, miembros de la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras

 

NUEVE FACTORES PARA DETERMINAR LA SOSTENIBILIDAD Y LOS BENEFICIOS DEL PROCESO DE DEPURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS
1)      Continuidad en el modelo de seguridad pública general: La posición política del presidente Hernández dentro de su propio Gobierno y partido se ha debilitado desde su desafiada reelección de 2017, y cuando termine su mandato en 2021 correspondería a un sucesor seguir impulsando la reforma policial.
2)      El compromiso del liderazgo con la reforma: Sobre el papel, una ley moderna de la carrera de la policía ahora hace que los oficiales hondureños tengan expectativas más estrictas. No obstante, la reforma de liderazgo en curso es necesaria para garantizar el cambio a largo plazo.
3)      Coordinación institucional y rivalidad: La rivalidad entre las agencias que compiten entre sí y las unidades encargadas de tareas policiales, incluida la Policía Militar, la agencia de inteligencia policial y la unidad de investigación del Ministerio Público, puede llevar a una coordinación deficiente y una falta de efectividad.
4)      Recursos y gestión: Después de una rápida expansión, la fuerza policial ahora excede su tamaño previo a la depuración. La expansión planificada a 26,000 para 2022 obviamente requerirá mayores asignaciones presupuestarias, especialmente para cumplir las promesas de aumentar los salarios de la policía y mejorar las condiciones de trabajo.
5)      Relaciones policía-comunidad: La PNH debe consolidar su compromiso con las relaciones efectivas entre la policía y la comunidad y mejorar los avances logrados hasta la fecha en la legitimidad y credibilidad de la policía.
6)      Mecanismos de control interno: La fuerza policial reformada deberá ejercer sus propios mecanismos internos de control y disciplina después de la finalización del mandato de la Comisión Especial.
7)      Investigaciones y procesamientos efectivos por parte del Ministerio Público (MP): Los fiscales deben iniciar investigaciones y procesar efectivamente los casos de corrupción dentro de la fuerza. Las tasas actuales de procesamiento deben ser mejoradas.
8)      Supervisión continua de la sociedad civil: Será crucial un plan de transición para la salida de la Comisión en 2021 y la participación de otras organizaciones de la sociedad civil en la supervisión policial.
9)      El apoyo continuo de los actores internacionales: El apoyo continuo de los donantes internacionales proporcionará financiamiento, apoyo técnico y presión política para continuar las reformas.

 

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