De más de 3.9 millones de lempiras defraudados, imputados solo devolvieron 205 mil al Estado

Tegucigalpa. Pese a haber causado un perjuicio mayor a los 3.9 millones de lempiras al Estado, imputados por delitos de abuso de autoridad y fraude solo devolvieron 205 mil lempiras, de acuerdo al informe Judicialización de la Corrupción Pública 2008-2015 elaborado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Dicho informe relata casos específicos de corrupción pública que fueron investigados por el Ministerio Público y que han sido ventilados ante los Tribunales de Justicia.

En el mismo se analiza la estrategia de persecución criminal y prácticas procesales de los operadores de justicia, así como los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en los últimos siete años.

Entre los casos expuestos figura el del exministro de Salud, Arturo Bendaña; el exgerente administrativo de la Secretaría de Salud (Sesal), Moisés Torres; y los miembros de la Comisión de Evaluación de Medicamentos: Martha Velásquez, María de los Ángeles Fúnez, Silver Zavala, Mirza Lixeth Ruiz y Cristian Manuel Bautista, todos acusados por los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y fraude.

En el expediente 539-2013, correspondiente al caso, se establece que en fecha 18 de diciembre de 2008, la Sesal mediante Acuerdo No. 3832 aprobó un nuevo Cuadro Básico de Medicamentos (CBM) que enlista los fármacos que han de adquirirse para los centros asistenciales.

A este cuadro básico, detalla, habría sido agregado discrecionalmente en 2010 por el entonces ministro Bendaña, el Inmunosupresor Micofenolato de Mofetilo TB de 500 mg, el cual es utilizado en trasplantes renales.

Un reporte de la Dirección General, médicos especialistas y farmacia del Hospital Escuela presentado ante la Comisión de Evaluación mediante oficio 146-2008-JDFHE del 17 de septiembre de 2010, tras la apertura de ofertas de la licitación pública LPN-021-2010, señala sin embargo que los inmunosupresores requeridos son los de moléculas originales o biosimilares debido a los riesgos que conllevan los genéricos.

Estos riesgos, apunta el expediente, también le fueron señalados directamente al entonces ministro Bendaña en fecha 2 de noviembre de 2010 por parte de médicos especialistas del Hospital Escuela ante la posible adjudicación del medicamente genérico.

Pese a las advertencias, 124 mil tabletas de Micofenolato de Mofetilo fueron adjudicadas a Droguería Humana por un valor de 3,607,000.00 lempiras; razón por la cual el Ministerio Público interpuso un requerimiento fiscal contra Bendaña el 25 de febrero de 2013 por los delitos de abuso de autoridad y fraude.

“Durante la audiencia inicial (etapa preparatoria) se dictó sobreseimiento definitivo por el delito de fraude a Arturo Bendaña y Moisés López, quedando únicamente con dos imputaciones por abuso de autoridad. Mientras que a los miembros de la Comisión de Evaluación se les continuó la acusación por el delito de violación de los deberes de los funcionarios a pesar que cumplían órdenes superiores”, sostiene el informe.

En el caso del exgerente administrativo, también le fue dictado sobreseimiento definitivo por el delito de fraude, aunque recibió auto de formal procesamiento por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.

“En otras palabras, a la autoridad máxima que ordenó la inclusión del medicamento de manera irregular y firmó el contrato, solamente se quedó con un dos imputaciones de corrupción menor”, agrega el estudio.

Por otro lado, la defensa de Bendaña solicitó conciliar previo a la audiencia preliminar y en la audiencia de conciliación, que se llevó a cabo el 14 de octubre de 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) estableció una restitución de 200,000.00 lempiras; es decir 100,000.00 lempiras por cada delito de abuso de autoridad, pese a que dicha cantidad no refleja el perjuicio causado.

No obstante, a los miembros de la Comisión de Evaluación, la PGR les solicitó la restitución de 250 mil lempiras. A la fecha a la fecha que se hizo revisión del expediente, los imputados habían presentado un recurso de amparo, luego de que los recursos de apelación y reposición los fueran denegados.

Cabe mencionar que meses después de ingresar los medicamentos al Almacén Central de Medicamentos, las autoridades los incineraron porque no cumplían con la calidad requerida. Es decir, el Estado de Honduras quemó 3,607,000 de lempiras en medicamentos mientras el exministro solo pagó L.200,000.00 y pudo optar a un cargo de elección popular al no haberse generado un antecedente penal.

Conciliación desproporcional

El informe Judicialización de la Corrupción Pública 2008-2015 expone además otros casos de conciliación desproporcional, tal como la causa instruida a María Magdalena Bonilla, asistente técnico de la Dirección de Educación Continua; Programa de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos de la República de Honduras (Pralebah), por el delito de abuso de autoridad.

La relación de hechos en el expediente judicial, indica que el 28 de febrero de 2005, el entonces secretario de Educación, Roberto Lozano Martínez, suscribió con Diego Cruz un contrato de arrendamiento por 10 meses de un inmueble donde funcionaría Pralebah, por un valor de 392,000.00 lempiras.

De acuerdo al contrato, Cruz actuaba en representación de su compañera de hogar María Magdalena Bonilla.

En la etapa intermedia del proceso, la defensa de Bonilla solicitó conciliar y terminar de forma anticipada el proceso. Sin embargo, al momento de la conciliación la PGR solicitó por concepto de reparación del daño, únicamente 5,000 lempiras, aunque el delito se basaba en la celebración de un contrato por más de 392 mil lempiras.

Además, a Bonilla no se le imputó el delito de tráfico de influencias, pues a través de información privilegiada obtenida en su trabajo en la Secretaría de Educación, logró obtener un contrato con el Estado.

En el extremo contrario, un policía de Tránsito acusado por el delito de cohecho propio pasivo, pagó 5,000 lempiras como conciliación por haber recibido un soborno de 60 lempiras.

En el expediente 21887-2009 consta que un testigo protegido conducía su taxi cuando fue detenido por una patrulla de la Dirección Nacional de Tránsito (DNT). Al no portar su licencia, fue llevado a la posta policial, donde fue atendido por el policía José Edgardo Díaz Rodríguez, quien aceptó el ofrecimiento de 60 lempiras a cambio de devolverle su licencia.

Pero dos años después de iniciado el proceso, la defensa pública solicitó la aplicación de la suspensión condicional de la persecución penal y el Ministerio Público denegó la solicitud.

El 14 de febrero de 2011 se llevó a cabo la audiencia preliminar, donde se anunció una audiencia de conciliación que se llevó a cabo el 1 de noviembre de 2011. El acuerdo de reparación estipuló el pago de 5,000 lempiras a favor de la PGR.

El informe Judicialización de la Corrupción Pública 2008-2015, establece que apenas un funcionario fue condenado a pena de prisión en los últimos siete años.

En 165 de los 449 expedientes penales analizados se lograron identificar 17 delitos de corrupción pública, de los cuales el 26% corresponde a abuso de autoridad, 24% a violación a los deberes del funcionario y 16% a malversación de caudales públicos.

De acuerdo a Jan Michael Simon, experto de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), llama la atención que “los delitos graves, muy graves como malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, enriquecimiento ilícito y hasta el cohecho, han tenido una salida por conciliación”, lo cual calificó como una “circunstancia inaceptable en un Estado de Derecho”.

Tras conocer el informe, Simon cuestionó que “aquí parece que hay una perversión de la lógica. La lógica acá no es hacer el proceso rápido, poco costoso y concentrado hacia los grandes procesos de corrupción si no de salidas procesales sin pagar los daños”.

DESCARGAR INFORME JUDICIALIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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