Tegucigalpa. Un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) da una estocada lamentable y deplorable al derecho que tienen los ciudadanos de acceso a información pública.

La Sala de los Constitucional, conformada por Lidia Álvarez, Jorge Zelaya, Edwin Ortez, Reyna Hércules y Jorge Serrano, dio una respuesta positiva a un recurso de amparo presentado por Juan Ramón Molina, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Director del Comité Técnico del Fideicomiso (CTF) de la Tasa de Seguridad.

La Sala conoció el caso en enero de 2016, luego que Lester Ramírez Irías, en su condición de ciudadano individual, solicitó una Conciliación ante el IAIP (figura permitida por ley), ante la falta de respuesta del CTF de brindar información sobre el manejo del presupuesto utilizado en proyectos de prevención, los criterios para asignar fondos a proyectos de infraestructura y documentos sobre las licitaciones realizadas sobre el manejo del presupuesto y compras como vehículos, uniformes y equipamiento- dicha información no se refería a operaciones contra el crimen o sobre las armas o comunicaciones de militares o policías.

El 20 de marzo del 2014, el IAIP dictó resolución No SE-001-2014 en la cual “exhorta al Comité Técnico a entregar al recurrente (Ramírez, que dicho sea de paso es coordinador de Investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa), la información que debido a su carácter han sido públicos…”, señala la resolución, entre otras cosas. Ante esa resolución, Juan Ramón Molina del Cohep interpuso un Recurso de Amparo en la Sala de lo Constitucional en enero de 2016.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su obligación como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por unanimidad de votos… falló: “Otorgando el recurso de amparo del que ha sido mérito a efecto que se respete lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley de Inteligencia Nacional y consecuentemente no se publique la información requerida por el señor Lester Ramírez”.

Ramírez catalogó esta decisión como “fallo monumental en contra del derecho al acceso a la información pública en Honduras. La institucionalización del secreto”.

MANEJO DE FONDOS

Un análisis de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), actualizado hasta mayo de 2016, revela que la deuda de la Tasa de Seguridad con la banca privada no merma. De acuerdo al informe publicado en el sitio web del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Ciudadana, esta institución, a enero de 2016, adquirió un endeudamiento de 2,462.88 millones de lempiras.

De 2012 a enero de 2016, en el marco de la Tasa de Seguridad, se han obtenido mediante recaudación, financiamiento externo y otros ingresos, 9,200 millones de lempiras.

Durante el funcionamiento de este régimen ha prevalecido un velo de opacidad, ya que no se rinden cuentas sobre el uso de esos fondos, no al menos de una forma minuciosa, catalogó recientemente Omar Rivera, coordinador de Incidencia Política de la ASJ.

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Todo este secreto abre grandes suspicacias, tomando en cuenta la imagen que tiene Honduras como país altamente corrupto, con instituciones propensas a la captura y donde la violencia e inseguridad aún sigue siendo unos de los principales problemas que afronta la población.

Por su parte, ASJ ha determinado presentar Petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instancias internacionales, ya que el fallo es un retroceso a la democracia y violenta el derecho a conocer, saber e informarse –los tres pilares de la libertad de expresión.

Vea el fallo de la Sala Constitucional:

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