La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) comparte la propuesta “Acción Anticorrupción en Honduras (AACH)”, que podría brindar respuestas inmediatas a cubrir las falencias del sistema de justicia para combatir casos de corrupción e impunidad.

Entre los puntos Puntos claves de la propuesta destacan la urgencia de instalar un Grupo Internacional de Fiscales para la persecución de los delitos, instauración de una Comisión Ciudadana Contra la Corrupción en Honduras  (CCCCH) e impulsar un Paquete Integral de Reformas a distintas leyes.

I. INTRODUCCIÓN

Honduras vive un momento histórico y único en su vida democrática y política para enfrentar y luchar contra la corrupción, pero sobre todo, para frenar los acrecentados niveles de impunidad, un mal inveterado que le ha causado daños irreparables al país.

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), ha visto cómo durante los últimos meses las expresiones y cuestionamientos de la población hondureña se han enfocado en cuestionar los abusos contra el erario público y los altos niveles de impunidad y corrupción que imperan en Honduras, y cuyas expresiones van orientadas a exigir una pronta respuesta a una serie de problemas y retos que como nación enfrentamos y que la APJ, como coalición nacional, puntualiza a continuación:

  1. Judicializar a los responsables de grandes crímenes de corrupción. La población conoció el 4 de junio de 2015 un informe de la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional, donde se expuso el pobre avance de las investigaciones sobre 12 grandes casos de corrupción, que generó una percepción generalizada de impunidad, que refleja únicamente la desidia del sistema de justicia. La sociedad cuestiona porqué la mayoría de esos casos aún están en la impunidad, muchos de ellos desde hace más de nueve años (desde 2006), pero exige además que se castigue a los denominados “peces gordos”. ­­
  2. Desconfianza de la población en la institucionalidad. Los altos niveles de impunidad han influenciado en que los hondureños dejen de confiar en las instituciones estatales, especialmente aquellas vinculadas con la impartición de justicia y combate contra la corrupción. De acuerdo a los últimos resultados del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), elaborado por el Barómetro de las Américas, para 2014 solo el 46% de los hondureños confiaba en el sistema judicial.
  3. Impulsar reformas reales y profundas. Los últimos casos de corrupción salidos a luz pública han dejado entrever la vinculación de empresarios, partidos políticos entre otros sectores, lo que también genera desconfianza hacia ellos. El LAPOP señala que solo un 32.8% confía en los partidos políticos, un 42.5% confía en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), un 46.4% en el Congreso Nacional y un 46.8% en la Policía Nacional.
  4. La población desea ser partícipe de los mecanismos de seguimiento y cumplimiento de estos retos, a fin de blindar el sistema y que esta crisis no se repita más en la historia de Honduras.

Ante la necesidad imperiosa de buscar y ofrecer respuestas a estas demandas y exigencias de la sociedad, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), formula una propuesta: la Acción Anticorrupción en Honduras (AACH), que podría constituirse en una respuesta inmediata a cubrir las falencias del sistema estatal.

II. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA

Lograr, en este momento histórico del país, que grandes responsables de crímenes de corrupción sean judicializados, que la población en general recupere la confianza en las instituciones y en las autoridades nacionales e impulsar una verdadera reforma de lucha contra la corrupción que ponga en la cárcel a todos aquellos vinculados a actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA

La AACH aspira a tres objetivos fundamentales:

  • Constituir un Grupo Internacional de Fiscales y Expertos en Corrupción
  • Instauración de una Comisión Ciudadana Contra la Corrupción en Honduras (CCCCH), conformada por representativos sectores de la sociedad civil, iglesias y universidades.
  • Impulsar un Paquete Integral de Reformas de Leyes y Normativas relacionadas con la impartición de justicia, investigación y lucha contra la corrupción y que coadyuven a castigar y dar seguimiento a los 12 casos de corrupción presentados por la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional.
IV. GRUPO INTERNACIONAL DE FISCALES¬

El Grupo Internacional de Fiscales y Expertos en Corrupción, trabajarán de manera directa en lograr que se judicialicen los casos de corrupción, es decir combatir la impunidad.

Asimismo deberá velar y luchar para que los casos priorizados de corrupción sean judicializados, eso implica que este Grupo Internacional deberá: asesorar y acompañar en las distintas etapas judiciales de los casos priorizados de corrupción, tendrá acceso a los expedientes en cada caso, podrá además planificar investigaciones, acompañar en la preparación de los requerimientos y solicitudes de capturas, y podrá –incluso- colaborar en la presentación de argumentos para juicios orales y públicos, entre otras.

Este Grupo Internacional también deberá, en calidad de observador y asesor, dar seguimiento y conocer los casos de corrupción ya judicializados, es decir que encuentren en la Corte Suprema de Justicia y en cualquiera de sus órganos.

Se propone que este Equipo Internacional cuente con un Fiscal Líder, reconocido a nivel internacional por su trabajo contra la corrupción; de igual forma, se contará con un equipo de por lo menos quince (15) fiscales y expertos en diferentes especialidades de investigación en corrupción, que sirvan de apoyo y soporte al Fiscal Líder, para la elaboración de expedientes de investigación.

Este Grupo Internacional de Fiscales y Expertos en Corrupción, tendrá dentro de sus funciones apoyar una transformación de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, que incluirá realizar un análisis profundo del funcionamiento de este órgano de investigación y en base a sus resultados propondrá recomendaciones y al mismo tiempo acompañará esa transformación estructural tanto administrativa (recursos financieros, logísticos y humanos) como operacional (procesos, métodos y estrategia), proponiéndose un plazo no mayor de 12 meses para realizar este proceso de reestructuración.

Esta comisión tendrá que informar a la sociedad civil y a las autoridades correspondientes, sobre los avances de sus trabajos y gestiones en un tiempo determinado y establecido. Las organizaciones de sociedad civil recibirán el primer informe de parte de los fiscales y expertos extranjeros, un mes después de entrar en funcionamiento el Grupo Internacional, teniendo como primicia que, en base a la confidencialidad que cada uno de estos casos requiere, este contingente podrá reservarse el derecho de no compartir detalles que comprometan el rumbo de las investigaciones, pero si deberá ser claro y preciso sobre la voluntad que exprese el Ministerio Público para judicializar estos casos de corrupción y la Corte Suprema de Justicia de acelerar el proceso de sentencia de los casos ya judicializados.

Vale aclarar que este Grupo Internacional de Fiscales y Expertos en Corrupción, funcionará bajo el marco de la cooperación, asesoramiento y acompañamiento en las investigaciones en los casos de corrupción, pero en ningún momento suplantará a las autoridades nacionales.

Consideramos que, existiendo voluntad política para apoyar este proceso, la instauración de este Grupo Internacional podrá tomar un máximo de 3 meses. Es por eso que excitamos al Ministerio Público y al Poder Judicial para que generen los espacios para la instalación de este Grupo Internacional de Fiscales.

Si bien es cierto el Ministerio Público, y en este caso específico la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, carece de recursos financieros y presupuestarios, consideramos que los fondos de la Tasa de Seguridad podrían fortalecer en forma inmediata a la Fiscalía, no solo para acuerpar esta propuesta, sino también para fortalecer esa dependencia estatal con mejor recurso humano, equipamiento y herramientas, soporte técnico y tecnológico.

Nuestra propuesta sugiere además otorgar a la cooperación internacional un rol fundamental; en primer lugar, que apoyen financieramente los costos en que se incurrirá con el Grupo Internacional de Fiscales y Expertos en Corrupción, y en segundo lugar, establecer como la autoridad que prive sobre los fiscales y expertos internacionales, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta propuesta también coincidiría con la recomendación número 47 que formuló la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, que­ planteó acciones contra la impunidad como a continuación se cita: “Los comisionados recomendamos al Gobierno de Honduras solicitar a la Organización de las Naciones Unidas considerar el establecimiento de una instancia internacional de investigación para fortalecer la institucionalidad pública en su capacidad de investigación de actos de corrupción y crimen organizado, cuyo mandato no debe ser inferior a cinco años de duración. Tal instancia o comisión debe someterse a un control estricto de legalidad y rendición de cuentas ante la sociedad hondureña e internacional”.

V. COMISIÓN CIUDADANA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN HONDURAS (CCCCH)

El segundo componente de esta propuesta consiste en constituir la Comisión Ciudadana Contra la Corrupción en Honduras (CCCCH), dirigido por un Comité Coordinador conformado, por organizaciones de sociedad civil, iglesias, instituciones académicas y plataforma ciudadanas que cuenten con experiencias en temas relacionadas a la lucha contra la corrupción e impunidad, y defensa de los derechos humanos.

Entre sus deberes y obligaciones estaría la priorización de los casos de corrupción a ser investigados, un trabajo que se efectuaría hombro a hombro con el Grupo Internacional de Fiscales y Expertos en Corrupción, y autoridades hondureñas; esta Comisión Ciudadana dará especial énfasis al seguimiento y monitoreo de las acciones judiciales realizadas a los responsables de actos de corrupción presentados como emblemáticos por la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional de la Republica, que presentó un informe al respecto en el mes de mayo de 2015.

Además tendría la facultad, el derecho y el deber, de recibir el informe bimensual que se propone entreguen los miembros del Grupo Internacional de Fiscales y Expertos en Corrupción, y de los altos funcionarios de las entidades operadoras de justicia, sobre el avance de los casos, en las etapas de investigación, juzgamiento o castigo. Sobre la base de esa información recibida, la CCCCH, podrá determinar los niveles de voluntad política que evidencien las autoridades nacionales para sancionar los actos corruptos y eliminar la impunidad.

Podrá además exigir, demandar y presionar porque se agilice la judicialización de casos de corrupción emblemáticos e incluso velar porque el proceso de transformación de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, avance de acorde a los plazos y objetivos trazados en el marco de esta propuesta.

Adicionalmente esta Comisión Ciudadana podrá dirigir, impulsar y promover diálogos con dirigentes políticos, líderes empresariales, representantes de sociedad civil y otros, para priorizar casos de actos ilícitos, pero sobre todo ejecutar para ejecutar acciones de presión, a fin de exigir avances en los procesos de judicialización y de transformación de la institucionalidad estatal llamada a combatir la corrupción e impunidad.

VI. PAQUETE INTEGRAL DE REFORMAS

El último elemento de esta propuesta se basa en la imperatividad de impulsar un Paquete Integral de Reformas de toda la normativa legal que regula, rige y se vinculada con el tema de corrupción e impunidad.

Inicialmente se ha identificado la necesidad de impulsar reformas en la siguiente legislación nacional:

  • Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP), para fomentar la transparencia, especialmente en la fuente del financiamiento de las campañas políticas.
  • Ley de Contratación del Estado que regula las compras y adquisiciones de las diferentes entidades públicas.
  • Normas que rigen y regulan la contratación de empleados públicos (recursos humanos), a fin de poder contar con un despolitizado sistema de servicio civil.

Del mismo modo, se propone avanzar en proceso de derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, y proceder a revisar –para su mejoramiento- la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).

Asimismo, se apuesta a ejecutar reformas institucionales a las siguientes entidades estatales:

  • Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para que se convierta en un organismo independiente y efectivo en su lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
  • Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), a fin de garantizar sea una plataforma que democratice el órgano técnico consultivo del Estado que permita contar con una gestión efectiva y transparente de las adquisiciones y contrataciones del Estado, con respeto irrestricto a la Ley, y sobre la base de actuaciones honestas y éticas de funcionarios públicos y empresarios.
  • Poder Judicial y sus organismos, a fin de realizar una profunda despartidización y garantizar su autonomía e independencia que le permita la correcta y expedita aplicación de justicia para casos de corrupción y un riguroso proceso de selección de candidatos a nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y una despolitizada elección de los mismos en el seno del Congreso Nacional de la República.
  • Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público, para que investigue y persiga delitos graves y de fuerte impacto social, entre los que se incluya los actos corruptos de la administración estatal, el crimen organizado que opera en las entidades gubernamentales y el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.

Se esperaría que en el Grupo Internacional de Fiscales y Expertos en Corrupción, haya especialistas en cada uno de los temas expuestos anteriormente, a fin de poder brindar la asistencia técnica-legal a las autoridades correspondientes.

En ese sentido se pide al Congreso Nacional, especialmente al Pleno de la Cámara Legislativa y a los Jefes de Bancada, mostrar interés, apertura, pero sobre todo, voluntad política para impulsar este paquete de reformas aquí propuesto.

La CCCCH, jugará un papel primordial en el seguimiento y demanda del cumplimiento de este Paquete Integral de Reformas, mediante la creación de un sistema que permita labores de auditoría social y presión sana sobre las entidades gubernamentales como el Poder Legislativo, para que impulse estas reformas y otras entidades vinculadas, de una u otra forma, al tema de combate a la corrupción e impunidad, y promoción de la transparencia y rendición de cuentas.

La CCCCH, será el enlace directo entre la población y las diferentes organizaciones de sociedad civil y los procesos de reforma que propone la APJ, es decir que tendrá el papel y la obligación de escuchar, informar y ejercer presión para el alcance de los objetivos aquí planteados y en este proceso de mejoramiento del marco jurídico nacional, se tome en consideración la opinión de los grupos históricamente colocados en situación de vulnerabilidad, tal es el caso de la niñez, juventud, mujeres, entre otros.

VII. ACCIONES A MEDIANO O LARGO PLAZO

Bajo esta conceptualización, se demanda del Ministerio Público, al Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, voluntad política de trabajar en la implementación de esta propuesta de la APJ, sin menoscabo de atender la demanda popular de la ciudadanía hondureña que aspira, anhela y sueña con Honduras mejor.

 

2015-06-17
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

APJ comparte la propuesta “Acción Anticorrupción en Honduras (AACH)”

2015-06-04
Asociación por una Sociedad más justa

CAIGA QUIEN CAIGA: Hablemos de corrupción, hagamos propuestas

Hotel Plaza San Martín. Tegucigalpa, MDC Jueves 4 de junio de 2015 LA CORRUPCIÓN EN HONDURAS Honduras es un país afectado por múltiples problemas, entre los […]
2015-06-03
20150530_061036_sepp-blatter

Siete pasos que tiene que tomar la FIFA tras la renuncia de Blatter

Translation of: Seven steps FIFA must take now that Blatter has stepped down Sepp Blatter anunció hoy su renuncia como Presidente de la FIFA. El director […]
2015-05-18
IMG_8134

Pronunciamiento de ASJ: Caso IHSS – Finaciamiento de Campañas Políticas

CAIGA QUIEN CAIGA El Ministerio Público debe investigar rigurosamente el origen de fondos que financiaron campañas de los partidos políticos en pasadas elecciones generales y todas […]