• Balance de lucha anticorrupción e impunidad es positivo: 10 extraditados y 12 altos funcionarios  en prisión.
  • MP y ASJ lanzan campaña para que hondureños denuncien sin temor.
  • Embajador de EE UU, James Nealon, destaca fortalecimiento de instituciones.

Tegucigalpa. De mayo de 2014 a la fecha, procesos judiciales sin precedentes se han registrado en Honduras con la extradición de nacionales y requerimientos fiscales interpuestos contra funcionarios públicos, evidenciando importantes acciones en contra de la corrupción.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora el 9 de diciembre, la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) presenta un recuento de estos procesos que han sentado precedentes en el combate a la impunidad.

Una de las acciones históricas ha sido la extradición de hondureños hacia Estados Unidos por su vinculación en delitos relacionados con el narcotráfico.

La Corte Suprema de Justicia de Honduras informó recientemente que de 29 solicitudes de extradición que han sido remitidas por EE UU, nueve han sido cumplidas, una está en proceso y 19 se encuentran pendientes.

Hace menos de un mes fue trasladado a Tegucigalpa Carlos Emilio Arita Lara, supuesto administrador y cabecilla sucesor del cartel de los Valle Valle, quien fue detenido en Guatemala.

Arita es el más reciente de los extraditables en ser retenido. Sus antecesores: Miguel Arnulfo, Luis Alonso y José Inocente Valle Valle fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos, así como Griselda Amaya (esposa de José Inocente), Carlos Arnoldo Lobo, Juving Suazo y Héctor Emilio Rosa. Sobre todos pesan acusaciones por delitos vinculados con el narcotráfico.

Por señalamientos similares, se encuentran además bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos los hermanos Javier Eriberto Rivera Maradiaga y Devis Leonel Rivera Maradiaga, al igual que Digna Valle Valle.

Estas capturas, según el subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, John Feeley, habrían llevado a la casi total desarticulación de los principales carteles de la droga que operan en Honduras.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández, reveló que 11 solicitudes de extradición se encuentran “engavetadas” en el Poder Judicial.

“Como sociedad hondureña debemos pedir que se agilicen estas acciones, que se aplique la ley. Si no lo están haciendo, claro, aquí se presta a la especulación y entonces nos hacemos la pregunta: si hay una orden que tiene casi un año, ¿por qué no se está haciendo, de quién es, qué intereses tiene?”, expresó.

Alcaldías infiltradas

Si bien a la fecha no se ha emitido ningún informe oficial por parte de las autoridades hondureñas sobre el número y nombres de funcionarios vinculados con el crimen organizado, en los últimos meses se han presentado varios requerimientos fiscales y se han ejecutado capturas contra exmiembros del Gobierno Central, Poder Legislativo y de gobiernos locales, evidenciando importantes pasos en contra de la impunidad.

El alcalde de Yoro (norte) Arnaldo Urbina Soto fue el primero de los ediles detenido en julio de 2014, al menos otros tres ediles han sido requeridos por la justicia hondureña.

Urbina Soto fue acusado por tenencia y almacenamiento ilegal de armas y munición de uso no comercial. De acuerdo a la Fiscalía, el detenido lideraba una organización criminal vinculada con los delitos de asesinato, violación, narcotráfico, daños al medio ambiente y expropiación de bienes.

Asimismo, se informó que los altos ingresos obtenidos por el imputado en los últimos años, difieren de lo que devenga mensualmente, por lo que según la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), estos fueron obtenidos con dinero malversado en la alcaldía que lideraba y del narcotráfico.

Casi un año después, en junio pasado, las autoridades dieron cuenta de la detención de Ramón Daniel Sarmiento, alcalde de Juticalpa, Olancho (oriente), sobre quien pesan acusaciones por tenencia y almacenamiento de armas y municiones, y uso de documentos falsos.

Luego de comparecer ante los tribunales le fue dictado auto de formal procesamiento con prisión preventiva, por lo que actualmente se encuentra recluido en una instalación militar de Tegucigalpa.

En agosto se informó sobre un requirimiento fiscal contra Santos Gabriel Elvir Arteaga, alcalde de Jocón, en el departamento de Yoro, por presuntamente liderar una banda de sicarios en esa norteña ciudad del país; sin embargo, éste continúa prófugo.

Dos meses después, en octubre, fue aprehendido José Adalid Velásquez Moreno, alcalde de Sulaco, Yoro (norte), de quien las autoridades presumen lidera una banda de criminales que habría dado muerte a varias personas en la comunidad y zonas aledañas.

El caso del IHSS y otras acusaciones

Según el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), al menos 500 millones de lempiras fueron desfalcados por exfuncionarios y exempleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), perjudicando a miles de hondureños y hondureñas.

Por este caso emblemático, han sido presentados ante los Juzgados al menos media docena de los presuntos responsables del despilfarro, entre ellos el exdirector Mario Zelaya; el exadministrador financiero, José Ramón Berttety; el ex viceministro del Trabajo, Carlos Montes; y el ex viceministro de Salud, Javier Pastor.

Esta mañana fueron detenidos dos supuestos testaferros de Zelaya y Berttety, identificados como  Juan Carlos Maradiaga Ortiz y Carlos Roberto Fuentes Guerra, señalados por delitos de lavado de activos, fraude y asociación ilícita.

Maradiaga Ortiz, propietario de la Constructora JC Maradiaga, es investigado por haber sobrevalorado contratos arriba de los 47 millones de lempiras.

Fuentes Guerra, cuñado de Berttety, está ligado a la compra de terrenos en el sector de San Matías con dinero supuestamente del IHSS.

Otras causas han sido incoadas por delitos contra la salud. Tal es el caso de la iniciada contra la ex vicepresidenta del Congreso Nacional de Honduras, Lena Gutiérrez, y otros tres de sus familiares. Sin embargo, a pesar de las evidencias en poder del Ministerio Público, el juez natural dictó medidas sustitutivas a la prisión a favor de Gutiérrez.

También se encuentra en libertad Rodolfo Padilla Sunceri, a quien un juez ordenó pagar una multa de 60 mil lempiras por malversación culposa, delito por el cual fue inhabilitación por dos años seis meses para ejercer un cargo público. La Fiscalía señaló en su momento que Padilla aprobó un préstamo con fondos de la comuna por 400 mil lempiras para la exjefa de la Unidad de Control de Ingresos, Ada Esperanza Muñoz Torres, sobre quien pesa prisión preventiva por abuso de autoridad y fraude.

Quien sí guarda prisión es el exalcalde de San Pedro Sula (norte), Óscar Kilgore, acusado por enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, durante su gestión como titular de la Alcaldía, amasó 8.9 millones de lempiras. De esta suma, su defensa solo logró desvanecer 3.8 millones en lo que va del juicio.

Asimismo, guarda prisión el exjefe de la División Financiera del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), Carlos Humberto Zúniga, implicado en irregularidades por la sobrevaloración de bonos. También se emitieron  órdenes de captura por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios por el pago irregular de un terreno.

La denuncia fue interpuesta en septiembre de 2012 por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de ASJ por varias irregularidades cometidas durante la administración de exdirector Andrés Torres (QDDG).

Estas son algunas impresiones vertidas a través de redes sociales con respecto a la lucha contra la corrupción en Honduras:

 

Denuncie la corrupción

Hoy más que nunca está vigente el llamado de la ASJ para transparentar las campañas políticas y depurar los organismos de seguridad y justicia, a fin de evitar que las redes del crimen organizado, corrupción y narcotráfico sigan haciendo de Honduras su presa.

Cualquier ciudadano que conozca la comisión de un acto de corrupción puede efectuar su denuncia al Ministerio Público (MP), institución que junto a ASJ lanzó en las últimas semanas una campaña para fomentar la cultura de denuncia ciudadana denominada “#CorrupciónNo“.

Mediante esta iniciativa se garantiza la denuncia anónima y segura de actos de corrupción, la cual puede efectuarse vía correo electrónico a nomascorruptoshn@gmail.com.

Además, la ciudadanía puede efectuar denuncias por medio de la línea gratuita y segura 131 de ALAC. Las llamadas son confidenciales y por dicha vía, los denunciantes recibirán asesoría sobre su caso.

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