• CoST Honduras presentó su tercer informe de aseguramiento.
  • Divulgación de los proyectos incrementó de 27% 85.3%.

Tegucigalpa. El Tercer Informe de Aseguramiento de siete proyectos de infraestructura constituye un paso importante para transparentar la inversión público-privada y combatir la corrupción, recalcó Gianni Rivera, representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ante la iniciativa Iniciativa de Transparencia en el Sector Construcción (CoST).

CoST Honduras presentó ayer el informe de aseguramiento de siete proyectos de Infraestructura Pública, cinco de ellos ejecutados bajo el modelo de Alianza Público-Privada (APP), con una inversión estimada de 1,130 millones de dólares (27,000 millones de lempiras).

Los proyectos evaluados son: Aeropuerto de Palmerola, Centro Cívico Gubernamental, Terminal de Buses de Danlí, Corredor Turístico (tramo La Barca-La Ceiba), Carretera Occidente de La Entrada a Santa Rosa de Copán, Terminal de Granel de la Empresa Nacional Portuaria y Corredor Pacífico (Jícaro Galán desvío El Tránsito Puente Los Corrales).

Uno de los hallazgos del reporte es el incremento en el nivel de divulgación de información sobre estos siete proyectos, el cual pasó de 27% en 2014 a 85.3% en 2017.

“Habíamos visto con preocupación la falta de divulgación de proyectos de Alianza Público-Privada; pero es un gran logro porque genera espacios creados por la iniciativa, herramientas y la obligatoriedad para que se empiece a divulgar y esta información esté disponible para la ciudadanía”, indicó Rivera.

Y añadió que “estos son los primeros pasos para alcanzar la meta, que es transparentar y combatir la corrupción. Es importante que la forma en que se invierten los recursos estén bajo el escrutinio de la ciudadanía”.

Actualmente son 17 países del mundo que están implementando la Iniciativa CoST: Afganistán, Botswana, Costa Rica, El Salvador, Etiopía, Guatemala, Honduras, Malawi, Filipinas, Tanzania, Tailandia, Uganda, Ucrania, Panamá, Reino Unido, Vietman, Zambia.

Sin embargo, esta es la primera vez que la iniciativa CoST, a nivel mundial, hace un estudio de aseguramiento de proyectos de alianza público-privada, lo que convierte este en un piloto.

“Esto es positivo para Honduras porque seremos punto de referencia para el resto de naciones miembros de CoST, además porque ponemos a disposición del público información de proyectos sobre los cuales hay un interés particular de la población”, dijo Evelyn Hernández, gerente de CoST Honduras.

La evaluación incluyó también la medición del Índice de Elegibilidad, diseñado por instituciones académicas de alto prestigio, para determinar si es más beneficioso ejecutar los proyectos bajo el modelo de Alianza Público Privada (APP) versus contratación tradicional.

En la actualidad CoST Honduras evalúa proyectos que se desarrollan en Insep, Fondo Vial, Empresa Nacional Portuaria, Invest-H y Coalianza. El compromiso del Gobierno de Honduras es poner bajo la lupa de CoST Honduras proyectos de más instituciones: Hondutel, ENEE, Idecoas, Secretaría de Salud y Educación planificadas para 2017, y Alcaldías categoría “A” y “B” para el 2018.

CoST Honduras es una Iniciativa que busca mejorar la eficiencia del dinero que se invierte en la infraestructura pública a través de una mayor transparencia en la ejecución de proyectos de construcción. Se estima, según cifras oficiales, que el 16% del Presupuesto General de la República de Honduras se destina a proyectos de infraestructura.

CoST Honduras funciona bajo un modelo de gobernanza que dirige un Grupo Multisectorial conformado por tres sectores: Sociedad Civil, Sector Privado y Gobierno. Los representantes de Sociedad Civil son: Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), el Espacio Regional de Occidente (EROC) y la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF). Por el Sector Privado están la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y la Asociación Hondureña de Productores de Café (AHPROCAFE). Mientras que el Gobierno está representado por el Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva (GSIP), Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado (DPTME) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

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