La falta de transparencia en el uso de fondos públicos constituye un obstáculo en contra del desarrollo del país, condenando a los hondureños a la carencia de servicios públicos de calidad que el Estado debe proporcionar, principalmente en favor de los más vulnerables.

Por ello, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, denunció en septiembre de 2018 la opacidad y negligencia de las autoridades gubernamentales, al evidenciar las debilidades en la gestión e indicios de la supuesta comisión de irregularidades en el proyecto de Concesión del Corredor Turístico bajo responsabilidad de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), el cual podría representar la pérdida de hasta 300 millones de dólares para el Estado hondureño. Hoy, más de un año después, ante el posible cierre de Coalianza, la ASJ se pronuncia en los siguientes términos:

1. Vemos como una decisión positiva del Gobierno de la República la inminente clausura de Coalianza, institución que durante su gestión ha demostrado opacidad, ineficiencia y falta de rendición de cuentas, factores que promueven la corrupción en la administración pública.

2. Investigaciones de la sociedad civil, como la efectuada por ASJ, y empresas internacionales contratadas, demuestran la necesidad de adoptar medidas que permitan subsanar las falencias existentes en el marco legal e institucional de proyectos ejecutados bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP).

3. La ASJ presentó ante el Ministerio Público (MP) y Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) formal denuncia sobre las supuestas irregularidades encontradas en el proyecto Corredor Turístico. En tal sentido, el MP está obligado a investigar los actos irregulares señalados y, en caso de haber indicios sólidos de hechos cometidos al margen de la ley, deducir responsabilidades a quienes por acción u omisión dejan hoy una gran cantidad de recursos por pagar al pueblo hondureño.

4. La figura de la Alianza Público Privada (APP) es una alternativa para construcción de obras públicas o prestación de servicios cuando los recursos del Estado son insuficientes. Este esquema de colaboración tiene un impacto provechoso, siempre y cuando se realice en estricto cumplimiento de las leyes, de forma transparente y con la regulación pertinente para el desarrollo social y económico del país.

5. El uso de fondos estatales para el lucro de particulares no debe ser visto como una actividad colateral de la administración pública. Condenamos enérgicamente cualquier intención perniciosa contra los derechos de la población de gozar de servicios públicos de calidad y reafirmamos nuestra misión de seguir trabajando para que el sistema estatal funcione, especialmente a favor de los más vulnerables.

Tegucigalpa, M.D.C.; 04 de diciembre de 2019
Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)

2019-12-04
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