• Como parte de un proyecto de Iniciativa Global, ASJ dialogó con tomadores de decisiones para discutir el problema de extorsión

Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) participó este jueves en la presentación de un proyecto de la Iniciativa Global (GI) en contra del crimen organizado transnacional. Las dos organizaciones se reunieron con tomadores de decisiones locales y nacionales para promover la lucha contra la extorsión.

En 2015, aproximadamente 200 millones de dólares (alrededor de 4,890 millones de lempiras) fueron pagados por extorsión en Honduras, incluidos 25 millones de dólares (611 millones de lempiras) solo en el sector transporte.

Para enfrentar este problema, ASJ está apoyando a GI en el desarrollo de una red contra la extorsión como parte de su proyecto “Construcción de coaliciones contra la extorsión”, que empezó en 2017. La red creará un espacio virtual para el intercambio de ideas, buenas prácticas y experiencias para combatir la extorsión y empoderar a las víctimas de este delito.

La extorsión tiene un gran impacto en la sociedad hondureña, incluyendo la económica, violencia y desplazamiento. Con estos esfuerzos en confrontar el problema, GI y ASJ esperan empoderar a las víctimas y construir comunidades resistentes frente a la extorsión.

La reunión del jueves contó con la presencia de tomadores de decisiones, organizaciones de sociedad civil, empresariales, académicas e instituciones de la cooperación internacional, quienes escucharon nuevas investigaciones sobre extorsión y también brindaron sus perspectivas.

GI presentó un estudio elaborado con InSight Crime se llama “Una cultural criminal: La extorsión en Centroamérica”. El informe explicó que el aumento de extorsión en el Triángulo Norte está relacionado con el crecimiento de las maras, quienes imponen impuestos en la gente común y pequeños empresarios.

Honduras tenía una tasa de extorsión de 12.9 por cada 100,000 habitantes en 2017, aunque se concentra en algunos departamentos en específico – 37.3 en Francisco Morazán, 24.7 en Atlántida y 19.8 en Cortés.

Además de sus esfuerzos en Honduras, GI también está implementando esta red en Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica, para entender el problema de extorsión en Centroamérica y trabajar en sus soluciones.

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