Tegucigalpa. El 4 de diciembre de 2006, sicarios a bordo de una motocicleta le arrebataron la vida de Dionisio Díaz García, “el abogado de los pobres”, un defensor de los derechos de los trabajadores hondureños.

Díaz García fue asesinado mientras conducía su vehículo por el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa, rumbo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se dirigía a representar a un grupo de guardias de seguridad que han sido despedidos injustamente.

Los empleados habían denunciado al programa “Defensa de los Derechos Laborales de Grupos Vulnerables” de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el incumplimiento del pago de salarios durante varios meses por parte de la compañía para la cual prestaban servicios.

Antes del fatídico ataque, “el abogado de los pobres” había recibido amenazas a muerte para dejar de lado el caso; sin embargo, no claudicó en ningún momento para brindar una mano a quienes lo necesitaban.

visita cementerio

Alan Ver Beek, vicepresidente de ASJ, y Gilda Espinal, coordinadora de Patrimonio Seguro, junto a Lourdes y Mauricio, viuda e hijo de Dionisio Díaz García.

El crimen dejó a una mujer sin esposo y a un niño sin su padre, dolor en su familia, amigos y compañeros de trabajo, y la frustración e impotencia ante un sistema corrupto.

La sentencia y la absolución

Por el asesinato del abogado Díaz García fueron acusados un exelemento de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) y un guardia de seguridad, quienes el 27 de febrero de 2009 fueron declarados culpables y condenados a 20 y 21 años de cárcel, respectivamente, por el Tribunal de Sentencia.

Ambos purgaban la pena en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto (PNMAS) de Támara, al norte de Francisco Morazán, hasta que, como en muchos casos que siguen en la impunidad, el poder y las influencias empañaron el proceso.

El 15 de mayo de 2012 la Sala de lo Penal de CSJ invalidó la sentencia, absolviendo a los dos supuestos asesinos del profesional del derecho, quienes fueron puestos en libertad.

ASJ conoció que uno de los magistrados que integra la sala prestó servicios legales a una empresa de seguridad demandada por el abogado Dionisio Díaz García, permitiendo incluso el uso de las oficinas de su bufete para la operación de la compañía.

Aunque debió haberse recusado, el magistrado participó en la resolución.

Asimismo, se verificó que la abogada defensora de los imputados formó parte de la Junta Nominadora que incluyó en la lista de candidatos al mismo magistrado para el período 2009- 2016.

“Hemos recurrido a abogados de más de 15 países que han revisado el caso y apoyan las quejas de ASJ de que la resolución de la Sala de Penal es superficial y presenta contradicciones en las declaraciones de los acusados”, expresó tras la resolución de la Sala Penal el presidente ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández.

Y agregó que “uno, viendo este caso, se pregunta: ¿dónde quedaron los derechos de las víctimas? ¿Quién los defiende?. Hoy no solo denunciamos la impunidad en el caso del abogado Dionisio sino en todos los casos parecidos. Los hondureños vamos perdiendo la confianza en nuestra justicia y nuestra misión es defender al pueblo y trabajar para Honduras”.

“La impunidad no debe existir nunca y hemos comenzado a trabajar para recuperarla; nuestro objetivo es que no haya más familias que experimenten la frustración que ha sufrido la familia de Dionisio”, finalizó.

Por su parte, la viuda de Dionisio Díaz lamentó que la impunidad siga siendo la regla en Honduras. “Es doloroso que la justicia en Honduras funcione de esta manera. Honduras tiene que cambiar, no puede ser que haya tal grado de impunidad y que las familias dolientes sigan esperando justicia por culpa de esta impunidad”, comentó.

Pero más allá del señalamiento y condena de los autores materiales del crimen contra Díaz García, la ASJ demanda al Estado de Honduras que se encuentre y castigue a los autores intelectuales, las personas que pagaron para que el abogado fuera asesinado de forma tan cruel.

La investigación, captura y puesta en prisión de los responsables deberá ser prioridad para los operadores de justicia.

Este caso debe servir como espejo a la actual Junta Nominadora, la cual deberá remitir en enero la lista de 45 candidatos a magistrados al Congreso Nacional de Honduras para la selección de los 15 nuevos miembros de la CSJ. Insistimos en que los nuevos integrantes del Poder Judicial deben ser probos, capaces y transparentes, pues hoy más que nunca el país necesita buenos ciudadanos a su servicio, profesionales dedicados al servicio del pueblo.

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