Tegucigalpa. Una evidente debilidad institucional muestra el Estado en la gestión penitenciaria que trae como consecuencia ingobernabilidad, violencia e impunidad, dijo Omar Rivera, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

Recientes hechos como los ocurridos en la Penitenciaría Nacional y los centros de internamientos de menores infractores de la Ley, han llenado de preocupación a diversos sectores de la sociedad.

Rivera manifestó que “el problema carcelario debe verse en el contexto de la necesidad de reformas integrales para que tengan éxito y se pueda impactar positivamente en la lucha contra la impunidad; un sistema de justicia penal que garantice el castigo real y la rehabilitación de delincuentes y criminales, es lo que esperamos los ciudadanos”.

“Urge que las autoridades carcelarias impulsen un agresivo proceso de recuperación de las cárceles en el país para generar el pertinente control que evite que desde el interior se planifique y ordenen actos de extorsión, sicariato, secuestro y otros delitos expresó el dirigente de sociedad civil.

También señaló que es fundamental mejorar la infraestructura de las cárceles, así como la distribución y separación de reos sentenciados y los que aún esperan resolución judicial, entre los que son de alto peligro y los que no, a fin de disminuir el número de riñas y confrontaciones que provocan muerte”.

Según datos oficiales, el sistema penitenciario tiene capacidad para albergar únicamente a 8,625 privados de libertad, pero hay una sobrepoblación que supera esa cifra en más de 7,706 presos, de los cuales, al menos 6,770 tienen una sentencia firme al ser vencidos en un juicio oral y público. El resto son “legalmente” inocentes aún.

Omar Rivera, recordó a los funcionarios del Estado aquella frase de Nelson Mandela que dice: “No puede juzgarse a una nación por la manera en que trata a sus ciudadanos más ilustres, sino por el trato dispensado a los más marginados: a sus presos”

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