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ASJ y Poder Judicial implementarán Laboratorio de buenas prácticas

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  • Laboratorio se instalará a partir de enero de 2018 en el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.
  • Con el compromiso de generar cambios para una sociedad más justa, ASJ propone que los procesos sean principalmente orales.

Tegucigalpa. De acuerdo al reporte “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” de Transparencia Internacional (TI), alrededor de 90 millones de personas en 20 países de Latinoamérica pagaron un soborno al utilizar servicios públicos clave.

En Honduras, el porcentaje más alto de sobornos se reportó en los tribunales de justicia, según el 56% de los consultados.

Revertir esta percepción de corrupción en el sistema de justicia es uno de los principales objetivos del programa piloto que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) desarrolla junto al Poder Judicial en el marco de la construcción de un nuevo modelo de gestión de despachos judiciales.

La propuesta de programa piloto fue entregada la semana anterior a Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para implementar un laboratorio de buenas prácticas a partir de enero de 2018 en el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.

“Estamos trabajando en un laboratorio de buenas prácticas en el cual la idea es devolver la oralidad a todas las etapas del proceso judicial y romper paradigmas con los que se han escriturado, en el sentido de que las actas copian hasta el menor detalle de lo que pasa en las audiencias y eso retarda los procesos”, explicó Kenneth Madrid, apoyo Técnico-Legal al Sector Justicia y Seguridad de la ASJ.

Retomar la oralidad del proceso en la etapa preparatoria intermedia en función penal, prevé generar un respaldo de todas las audiencias mediante video y audio, de manera que, al finalizar la audiencia, el acta sea sucinta y solo contemple la resolución y los actos principales.

“Eso no va a ocasionar en ningún momento retardo, como está actualmente. Ya se establece que el juez debe dictar la resolución en el momento de la audiencia, en lugar de postergarla durante tres días”, indicó Madrid.

En ese sentido, se busca que el trabajo sea más expedito, que los procesos avancen satisfactoriamente y sobre todo, cambiar el rol de trabajo en los juzgados. “Se apunta a la eficiencia en el sistema de distribución aleatoria de expedientes, a efecto de darle más agilidad y cambiar el modelo del despacho de justicia que ha estado operando desde 1906 solo con ciertas variables que se hicieron hace 15 o 17 años”, remarcó.

La conformación del despacho judicial desde 1906 contempla: un juez, un secretario, un receptor y un escribiente.

De 2002 a 2009 se aplicaron las reformas que ordena el Código Procesal Penal para la realización de audiencias por vía oral; sin embargo, con la vigencia del nuevo código se fusionaron los juzgados con la intención de mejorar, aunque las malas prácticas derivaron en una mora judicial que oscila entre 250 y 300 mil expedientes.

La Corte (Suprema de Justicia) anterior descuidó la continuación del sistema que se venía trabajando y los jueces volvieron a sus antiguos esquemas, costumbres, prácticas y volvieron a escriturar todo, cambiando la esencia de la oralidad, inmediatez, agilidad y pronta resolución”, señaló el experto.

Con el compromiso de generar cambios para una sociedad más justa, ASJ propone que los procesos sean principalmente orales y cambiar los paradigmas.

Actualmente, ASJ trabaja junto al Poder Judicial en la instalación del laboratorio de buenas prácticas con la participación de seis jueces.

El proyecto se desarrollará por espacio de cuatro meses, con miras a implementar un nuevo modelo de gestión en la Sección Judicial de Tegucigalpa, el cual se replicará en San Pedro Sula y posteriormente en todo el país.

Antes de 2002, un proceso penal rondaba alrededor de seis, ocho y hasta 10 años. No obstante, con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, se redujo considerablemente a ocho meses o un año; pero el sistema comenzó a colapsar debido a la mora judicial.

Anteriormente, entre la audiencia inicial y preliminar se fijaba un espacio de seis u ocho meses; pero con la reforma que entró en vigencia, en la audiencia inicial es obligatorio que el juez indique fecha para la audiencia preliminar, con un período máximo de 30 días.

El modelo planteado por ASJ contempla además la aplicación en un juzgado de Paz, de Letras, Tribunal de Sentencia y Juzgado de Ejecución, aplicación de prácticas y manuales que estipulan lo que está permitido y no en un proceso judicial

“Se persigue también medir estándares de corrupción, de manera que una vez aplicado el nuevo modelo, el expediente judicial no sea asignado a un solo juez, sino que una vez que el caso sea recibido se asigne a un solo nivel de agenda judicial”, argumentó Madrid.

Y es que son varios los casos juzgados que indican que jueces han entrado en cohecho con los abogados particulares. Con el nuevo modelo, el litigante desconocerá a qué juez ha sido asignada la audiencia y este no conocerá su carga de forma previa.

Después de lo que se hizo en 2002, el nuevo modelo de gestión de despachos judiciales apunta a convertirse en uno de los cambios más importantes que atravesará el Poder Judicial.

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