El 22 de noviembre de 2018, el señor Fernando José Suárez Ramírez se entregó voluntariamente a las autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y desde entonces ha estado bajo su custodia como medida cautelar establecida en el Código Procesal Penal.

Es importante resaltar la importancia y trascendencia que tiene el testimonio e información privilegiada que el señor Suárez Ramírez pueda brindar al caso Pandora, en vista de su participación activa y aceptación de responsabilidad en la supuesta trama de corrupción que tiene más de 35 personas imputadas entre políticos, funcionarios y particulares que se coludieron para desviar más de 282 millones de lempiras destinados a proyectos de reducción de la pobreza y desarrollo agrícola.

Al respecto, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en su condición de capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, se pronuncia en los siguientes términos:

1. Honduras tiene retos importantes en materia de lucha contra la corrupción e impunidad; el Ministerio Público (MP) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) en el caso Pandora han demostrado valentía y una importante oportunidad para mostrar un patrón de conducta corrupta en el financiamiento ilegal de partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular.

2. La ASJ hace un llamamiento público a las instituciones del sistema de justicia, al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y a la clase política hondureña para hacer todo lo que está a su alcance para proteger la integridad física y mental del señor Fernando José Suárez Ramírez; así como, la de su familia.

3. Recordemos que el Estado de Honduras ha adquirido compromisos internacionales que han de reflejarse en su derecho interno y en las actuaciones judiciales. Entre ellas la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente lo concerniente al Derecho a la Vida (artículo 4), Derecho a la Libertad Personal (artículo 7), Garantías Judiciales (artículo 8), Protección de la Honra y de la Dignidad (artículo 11) y Protección Judicial (artículo 25). Asimismo, el Estado de Honduras está obligado a dar cumplimiento a la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, para los riesgos que pueda afrontar el abogado defensor, Omar Menjivar. Igualmente se estará instando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las medidas cautelares que aseguren y garanticen la vida e integridad personal del señor Fernando José Suárez Ramírez y su entorno familiar, establecidas en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

4. Exhortamos a las autoridades operadoras de justicia (MP y Poder Judicial) actuar con independencia y no dejarse presionar por los grupos de poder político y económico que están siendo señalados con las revelaciones del abogado del imputado Fernando Suárez.

5. Demandamos al MP y al Poder Judicial a actuar con objetividad, imparcialidad e independencia en un caso que -aparentemente- mostrará un mecanismo ilegal de financiamiento de partidos políticos, candidatos a cargos de elección popular y de beneficio a particulares; por lo que instamos para que el proceso aplicado a este caso, refleje la independencia fiscal y judicial necesaria, de manera de no permitir influencias de presiones externas y grupos de poder que se vean amenazados con este caso de drenaje de los recursos públicos.

6. La ASJ reitera su apoyo al Ministerio Público (MP) y al valioso trabajo que están realizando la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el combate a la corrupción.

7. La ASJ ratifica su compromiso de trabajar contra la corrupción y por revertir los índices de impunidad, en pro del fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia en beneficio de los más vulnerables.

Tegucigalpa, M.D.C.; 26 de noviembre de 2018

Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)

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