• Ministerio Público logró hoy condena de Teodoro Bonilla por tráfico de influencias consumado.
  • “Valoramos el esfuerzo y profesionalismo del MP en este caso”: Carlos Hernández.

Tegucigalpa. La investigación sustentada permitió la condena por tráfico de influencias consumado registrada este viernes contra Teodoro Bonilla, ex vicepresidente del fenecido Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) lograron hoy la sentencia condenatoria en contra Bonilla, acusado por tráfico de influencias en el caso “Shalom”.

El fallo fue emitido por unanimidad por la Sala III del Tribunal de Sentencia, que destacó en el escrito la eficacia probatoria del Ente Acusador.

“Felicitamos al Ministerio Público por la condena contra Bonilla, valoramos su esfuerzo, profesionalismo y dedicación en este caso”, manifestó Carlos Hernández, secretario ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

La sentencia condenatoria contra el exconcejal es “ejemplar, histórica y esperanzadora”, expresó por su parte Omar Rivera, coordinador de Advocacy de la ASJ.

“Nuestro reconocimiento va al Fiscal General del Estado y a su equipo de trabajo por estos tres años intensos de esfuerzos, por revertir ese manto de impunidad que le ha dado protección a figuras conectadas a los grupos de poder político y económico del país”, apuntó.

Rivera pidió que “se continúe con esta decisión de ímpetu y valor por castigar a todos los que abusan de la autoridad delegada y el poder que les ha concedido la población; que quede esto como ejemplo para que ningún funcionario judicial trafique influencias y beneficie a sus familiares y socios”.

Por este caso, Bonilla –a quien le fue revocado el arresto domiciliario por prisión preventiva- podría recibir una condena de entre seis y nueve años de prisión, más una pena de 200 a 300 mil lempiras.

Mientras la jueza Liz María Ernestina Núñez Cardona guarda prisión preventiva por los delitos de prevaricato y abuso de autoridad.

 

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