Tegucigalpa. La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos instó en las últimas horas al Gobierno de Honduras a apoyar los esfuerzos de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a respetar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público.

En una resolución emitida el miércoles pasado, la Cámara de Representantes expresó su percepción sobre la lucha en contra de la corrupción en Centroamérica, principalmente en el Triángulo Norte y las iniciativas de cada uno de los países.

En el documento, los congresistas remarcan que “la corrupción generalizada en Centroamérica debilita la fe de los ciudadanos en las instituciones públicas, limita la capacidad gubernamental para avanzar objetivos de desarrollo, y permite que prosperen los traficantes de drogas y otros criminales”.

En el caso particular de Honduras, los funcionarios recordaron el movimiento social que llevó a la instalación de la MACCIH en el país a raíz del escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), para el cual el órgano de la OEA ha iniciado la asistencia al Ministerio Público con la investigación del millonario desfalco.

No obstante, condenaron que “el liderazgo de la CICIG y la MACCIH y los fiscales generales de Honduras, Guatemala y El Salvador se han enfrentado a considerables desafíos, incluyendo serias amenazas de muerte, intentos de desacreditar públicamente su labor, o esfuerzos para removerlos de sus cargos”.

En ese sentido, “reafirmaron que la lucha en contra de la corrupción en el Triángulo Norte es un importante interés político de los Estados Unidos”, al tiempo que reconocieron que tanto la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la MACCIH en Honduras, “son actualmente una contribución importante a este esfuerzo”.

Finalmente, la Cámara de Representantes urgió al Gobierno de Guatemala para que continué cooperando con la CICIG y al Gobierno de Honduras a que continué cooperando con la MACCIH y pide a todos los gobiernos del Triángulo Norte a apoyar públicamente los esfuerzos para combatir la corrupción, respetar la independencia del Poder Judicial y de la Oficina del Fiscal General; y garantizar que la Oficina del Fiscal General en cada país reciba consignaciones presupuestarias suficientes para cumplir con sus responsabilidades fundamentales y que los fondos presupuestados lleguen de manera oportuna.

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