Tegucigalpa. La falta de la normativa aplicable a la cancelación de elementos de la Policía Nacional ha derivado en los últimos años en irregularidades y pérdidas económicas para el Estado. Así lo revela el Informe Línea Base de la Secretaría de Seguridad, presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y Transparencia Internacional (TI).

El documento establece que los vacíos encontrados en regulaciones como el Procedimiento de Cancelación de Personal de la Carrera Policial o la Ley Orgánica de Policía Nacional vigente, entre otras, generan altos riesgos de corrupción. Para el caso, no hay registro de la entrega de equipo en al menos 200 casos de elementos policiales cancelados.

La muestra seleccionada por ASJ/TI para la evaluación de los procedimientos de ingreso y cancelación de personal, implicó la solicitud para revisión de 115 expedientes por año (2013 y 2014), para una suma de 230.

No obstante, las inconsistencias son evidentes entre los mismos departamentos de la Policía Nacional. Por ejemplo, el archivo de Altas y Bajas reporta la cancelación de 144 policías durante 2013 y otros 559 en el año 2014. Esta información difiere de la facilitada por la Unidad Legal de la misma entidad, la cual registra en 2013 la emisión de 654 acuerdos de cancelación y 664 en 2014.

Según esta dependencia, para el año 2013 la mayor cantidad de separaciones responden a abandono injustificado (40%) y retiro voluntario (29%).

El 8% de los casos obedece a la comisión de diversas faltas; por reprobar las pruebas de confianza fue desvinculado un 7% de los policías cancelados y el 4% por la existencia de procesos judiciales en su contra.

Estadísticas similares se registran entre enero y julio de 2014, cuando las principales causales de cancelación fueron abandono y retiro voluntario (53%).

En este período, las desvinculaciones por no aprobar las pruebas de confianza se incrementaron de 7% a 18%.

CANCELACIONES POR AÑO

Sin registro de entrega de armas y placas

De la muestra analizada por ASJ/TI, equivalente a 230 elementos, no se encuentra registro de devolución de placa, arma y chalecos asignados al 96% de policías cancelados en 2013, como tampoco del 97% de los cancelados en 2014.

Si se aplica este porcentaje al universo de cancelaciones, se podría deducir que tampoco se puede constatar el registro de la entrega de equipo por parte de al menos 138 cancelados en 2013 y 542 cancelados en 2014 de acuerdo al archivo de Altas y Bajas de la Policía Nacional.

Cabe señalar que el reintegro y plazo de entrega de los equipos e identificaciones facilitados a los policías, no se encuentra normado. Sin embargo, se pudo verificar que pese a no existir un formato estándar y con poca frecuencia, algunos expedientes registran la devolución del arma de oficio, placa, chaleco y otros elementos que son facilitados por la institución a los uniformados para el ejercicio de su deber.

La carencia de un mecanismo que garantice el reintegro de equipo facilitado a los policías, puede provocar que el personal desvinculado por corrupción o abuso de autoridad retenga las armas de fuego y puedan identificarse aún como elementos de la Policía, actuando en contra de la población, destaca la publicación.

“Lamentablemente no hay evidencias documental de que cuando sacan un policía, entregan las armas, o sea no hay protocolos, no hay un documento, eso es lo que estamos diciendo. Eso es gravísimo, ojalá tengan la práctica, pero nosotros no pudimos verla, lo que para nosotros es una situación lamentable”, manifestó al respecto Carlos Hernández, presidente ejecutivo de ASJ.

Añadió que “nosotros esperamos que eso se pueda corregir. Lo que nosotros vimos es que el 96% de los policías que han salido no hay evidencia de que devolvieron las armas y eso es grave”.

En el informe, publicado en el marco del Convenio de Colaboración y Buena Fe para la Promoción de la Transparencia, Combate a la Corrupción y Sistemas de Integridad, evidencia además serios problemas de comunicación entre los diferentes departamentos de la Policía Nacional, lo que afecta su operatividad.

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Por su parte, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, reconoció que las falencias existen y anunció la implementación de un Plan de Mejora, el cual será monitoreado en los próximos seis meses.

“La carencia de un sistema que ordene y sistematice los procesos, es la causa principal de las oportunidades de mejora identificadas en el Informe de ASJ. En tal sentido, el Informe señala recomendaciones para la optimización administrativa de la SEDS, basadas en el cumplimiento obligatorio de la normativa legal  y las mejores prácticas internacionales”, expresó.

Y remarcó que “la Secretaría de Seguridad ha elaborado un Plan que incluye 21 acciones de mejora a corto, mediano y largo plazo, de modo que a diciembre de 2017, sea una institución fortalecida en sus procesos de compras y contrataciones y gestión del recurso humano”.

Entre los principales ejes del Plan de Mejora de Seguridad se encuentra la aprobación de normativa, el rediseño de procesos y procedimientos, la implementación de tecnología, el fortalecimiento del Portal de Transparencia y la estabilidad en los cargos de los responsables del seguimiento a las políticas y tareas de las acciones de mejora.

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