Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió este miércoles que lo único que puede evitar la politización de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) es una evaluación técnica, objetiva, pública y transparente de los candidatos a magistrados.

Carlos Hernández, presidente de ASJ, recalcó que si bien la Junta Nominadora debe actuar en cumplimiento de un reglamento, son necesarios criterios objetivos e indicadores precisos que permitan medir las capacidades de los candidatos.

“Nosotros estamos pidiendo que puedan definir indicadores de forma transparente, objetiva, que les permita valorar o hacer el análisis de cada uno de los candidatos”, manifestó Hernández.

La organización de sociedad civil pide que “esta valoración pueda ser pública, que el pueblo conozca cuáles son los criterios que ellos están tomando en consideración para calificar o descalificar a todas las personas que van a ser propuestas para poder completar esta nómina de 45 (candidatos) que van a mandar al Congreso Nacional”.

Los criterios podrían contemplar publicaciones efectuadas, desempeño en tribunales o casos que los abogados que sean propuestos hayan representado en el pasado.

Hernández insistió en que la Junta Nominadora deberá definir “criterios que no vayan en contra de la ley, pero que tampoco haya discrecionalidad para que una persona que no es la adecuada en el contexto que el país vive, se nos penetre a la Corte Suprema”.

Procesos similares -explicó- han sido implementados en otros países de Latinoamérica, pero no en Honduras.

Sin influencias políticas o económicas

Por otro lado, el coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera, remarcó que el deber de las organizaciones civiles y el resto de instituciones que conforman la Junta Nominadora es participar en el proceso de selección de los candidatos a magistrados, sin interponer intereses políticos o económicos.

“Nosotros esperamos que exista amplia participación y un factor determinante para que esto suceda es que la Secretaría de Gobernación habilite condiciones ideales para que asociaciones civiles que así lo estimen conveniente, puedan solicitar su acreditación ante la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (Ursac)”, comentó.

Además, insistió en que “el deber que tenemos todas las organizaciones civiles es participar activamente de un proceso que va a garantizar la elección de 45 nominados a magistrados que deben de tener condiciones ideales para representar una revitalización en la administración de justicia en el país”.

Por ende, “de la calidad de los candidatos que sean propuestos por la Junta Nominadora ante el Congreso Nacional dependerá que los diputados elijan una excelente Corte Suprema de Justicia”.

A criterio de Rivera, de momento el proceso no ha presentado ningún tipo de problema significativo; sin embargo, exhortó a las organizaciones que formarán parte de la Junta Nominadora eviten cualquier tipo de influencias ajenas a los intereses de Honduras.

“Estaremos en espera que las siete organizaciones que formen la Junta Interventora hagan adecuadamente su papel y no se dejen influenciar por ningún tipo de interés político, partidario o de grupos de poder económico”, finalizó.

Las organizaciones de la sociedad civil han sido convocadas para el 20 de agosto a la asamblea en la cual será nombrado el representante del sector en la Junta Nominadora de candidatos a magistrados del Poder Judicial.

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