La ilegalidad y denigración emocional de la prueba de embarazo como requisito de contratación

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imagesCrescencio Arcos, ex embajador de Estados Unidos en Honduras, dijo en una ocasión que “en Honduras la justicia es como las víboras, únicamente muerde a los de pies descalzos”. Esa metáfora refleja las diversas historias donde los grandes delincuentes, incluyendo a los políticos, quedan impunes por los delitos que cometen, pero ¿quién paga por el delito de discriminación y denigración emocional al que se somete a las mujeres aseadoras, quienes tienen prohibido concebir un hijo?

Uno de los puntos más álgidos entre las violaciones de los derechos laborales que se cometen contra las mujeres que laboran en las empresas de limpieza es la obligación de realizarse una prueba de embarazo (y que esta dé un resultado negativo) para optar a un empleo o para permanecer en él.

Altos porcentajes de las mujeres que laboran en este rubro, afirman ser sometidas a la prueba de embarazo antes de ser contratadas.

Ese extremo anterior implica una coartación por parte de los patronos del derecho a la maternidad, una discriminación para optar a un empleo si el resultado de una prueba de embarazo es positivo y la invasión a la privacidad de la que son objeto estas mujeres cuando, sin miramientos, deben exponer información de su vida privada.

Así lo establece la ley en Honduras

La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer ya establece que no se debe hacer distinciones de género y prohíbe la solicitud de la prueba de embarazo como un requisito de empleo.

 “Artículo 46.- El Estado no permitirá ninguna clase de discriminación basada en el género o en la edad que tenga el hombre o la mujer, con el fin de anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o capacitación. Se prohíbe a los empleadores solicitar prueba de embarazo como requisito previo para optar a un empleo.” Capítulo IV, de la Igualdad de oportunidades en el trabajo y la seguridad Social

Ley de Igualdad de oportunidades para la Mujer (LIOM). Desde 1982, la Convención sobre la eliminación todas las formas de discriminación contra la mujer (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW , por sus siglas en inglés) fue ratificada y ahora es ley en Honduras y en base a éste, y otros tratados internacionales que nuestro país ha suscrito, nació la LIOM.

Elia Marina Martínez, Facilitadora del Proyecto Verificación de los Compromisos del Libro Blanco de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en Honduras, plantea la posición de este organismo al respecto: “En la legislación nacional e internacional se maneja que no debe pedirse prueba de embarazo para contratar a las mujeres trabajadoras; si revisamos la legislación nacional la encontramos en la LIOM en el área de trabajo y seguridad social, también está en la CEDAW”.

Algunas convenciones de la OIT aclaran lo que debe entenderse por discriminación, entendiendo que la condición de mujer no debe anular su oportunidad al empleo y que en este caso sería si desea ejercer su derecho a la maternidad, especialmente cuando en Honduras se cuenta con la restricción establecida en el artículo 46 de la LIOM.

Una realidad cruda…con cara de mujer

La importancia que las empresas privadas de higienización dan a las leyes del Honduras y los tratados internacionales suscritos por el país es tan fuerte que se ve reflejada en los números y porcentajes que arrojó el estudio “El lado sucio de las compañías de limpieza” que auspició la Asociación para una Sociedad más Justa.

La investigación reveló que más del 76 por ciento de las empleadas confirmaron que sus contratantes les solicitan obligatoriamente la realización de una prueba de embarazo previo a la contratación y durante cada recontratación, otra de las prácticas que viene en detrimento de los derechos de estas mujeres.

 

Porcentaje de trabajadoras que aseguraron que la empresa les obliga a realizarse la prueba de embarazo

CHIC

CODELEX

Pisos Brillantes

HIMO

HIGIA

61%

65.5%

81.0%

75.0%

100%

 

La maternidad es un hecho intrínseco a la condición natural de ser mujer. Cada una es libre de determinar procrear, sin embargo el salir embarazada o querer parir un hijo, está prohibido en las empresas de limpieza y se convierte en una causal de despido.

Ana María Sevilla es una de las muchas mujeres que sufrió muchos vejámenes en la Compañía de Limpieza Excelente (Codelex). Durante tres años estuvo sometida a los diferentes retos que implicaba el nexo laboral con la empresa.

A sus 43 años y a pesar de haber sido operada para no tener más hijos, hace más de cinco, Ana seguía siendo objeto de la prueba de embarazo para ser re-contratada por la compañía. “Yo había sido operada, pero ahí no les importaba eso”, dijo la entrevistada. Recalca que el castigo por un resultado positivo es el desempleo.

Ana, una mujer con apariencia física mucho mayor a la que en realiidad tiene, no conoce que en el país existe la llamada Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (LIOM), la que  nació desde el seno de la realidad que representa el hecho de que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y el respeto a la dignidad humana, porque dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural del país.

Francisca Palma, es otra mujer con más de 60 años de edad, a quién también obligaban a hacerse la prueba de embarazo de forma arbitraria y sin mostrar respeto a su condición humilde.

“Yo me sentía mal cuando me hacían la prueba”, aseguró la señora de piel morena. “Yo ya no reglaba (menstruaba) y no me gustaba que me la hicieran”, dijo con asomo de temor en sus ojos; un poco nerviosa, quizás retrotrayéndose en el momento cuando la empresa les prohibía mencionar las arbitrariedades que se  cometen en su contra.

Ana y Francisca no sólo comparten el hecho de que se les pedía que se hicieran la prueba de embarazo en cada recontratación; ambas fueron despedidas injustamente por la empresa a la que laboraban; actualmente están luchando porque se les pague sus prestaciones laborales.

¡Un campo de batalla conocido!

Yadira Minero, Coordinadora del Programa Mujer y Trabajo Digno del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) considera que la falta de denuncias al recibir una solicitud de prueba de embarazo se debe a “los estereotipos culturales que, primero asignan a la mujer la responsabilidad de la reproducción del ser humano, es decir como única garante de la subsistencia de la familia y esto presupone que la mujer priorizará en tareas domésticas antes que las laborales, obviando las capacidades, preparación y responsabilidad de las mujeres”.

La experiencia de Minero se ha desarrollado en el campo de las mujeres que trabajan en maquilas en la zona norte del país. Al hablar acerca de este tema es fácil entender que los empleadores consideran un costo alto el hecho de tener que sufragar permisos pre y post natales de sus empleadas, eso sin contar con las complicaciones que podrían tener algunos de esos embarazos y los correspondientes permisos que eso implicaría.

¿Dónde está la Secretaría de Trabajo?

A pesar del conocimiento de esta situación, la Secretaría de Trabajo nunca ha sido tajante al tratar el problema y sin importar las múltiples reincidencias de las compañías de aseo en pedir la prueba de embarazo, no proceden legalmente contra ellos para retirar permisos de operación o encontrar medios reales para sancionar y castigar a los culpables. Ni siquiera logran llegar a una conclusión en cuanto a cómo se puede introducir en el marco laboral la solicitud de prueba de embarazo en medio de una contratación.

El Sub Inspector de la Secretaría de Trabajo, Donaldo Martínez, dice que la idiosincrasia de la mujer hondureña es uno de los mayores problemas para denunciar este tipo de violaciones al asegurar que “estamos en una sociedad bien complicada, porque no tenemos la cultura de la denuncia ni la del cumplimiento y por lo tanto derecho que no se reclama, derecho que se pierde”.

Pero si la persona afectada no lo denuncia, la Secretaría misma debería ser suficientemente coercitiva para evitar consentimientos por omisión en violaciones laborales. Además fue el mismo Donaldo Martínez quien aseguró que, aunque no hay muchas denuncias, ya se han interpuesto algunas. “Si usted me dice que entremos al sistema vamos a encontrar tal vez una denuncia de cada cien”, dice Martínez. Aunque sólo exista una denuncia, debería ser suficiente para activar las alertas de violación a derechos laborales y de género en el país.

Además, las sanciones – que son multas impuestas por el inspector de trabajo al encontrar una falta laboral – están fijadas por el código de Trabajo y apenas van desde los 5 hasta los 50 mil lempiras. Cantidades irrisorias para la mayoría de las empresas que, en caso de ser sancionada pecuniariamente, prefieren pagar la sanción en lugar de resarcir el derecho violentado de cada uno de los trabajadores afectados. Al final, aunque se pague la multa, el derecho continúa burlado.

Normalmente es en las inspecciones – y no por denuncia – que la Secretaría de Trabajo toma nota de la exigencia de la prueba de embarazo como requisito de contratación entre las féminas del rubro, pero no llevan a cabo ningún castigo real, ni existe un empoderamiento de las mujeres para denunciar la manera en que son invadidas en su privacidad y aceptan cualquier condición para recibir cuanto antes un ingreso más o menos estable.

Minero indica que posiblemente existan tres factores que fomentan la práctica continua de esta violación: “estereotipos culturales, complicidad-parcialidad de las autoridades y ausencia de tutela estatal que trae como consecuencia impunidad y ausencia de justicia laboral”. Pero ni siquiera esas razones justifican que la Secretaría de Trabajo sea ineficaz en la ejecución de sus facultades como ente regulador del aspecto laboral en el país.

¡Ministerio Público se declara ineficaz!

Ante la desidia con la que la Secretaría de Trabajo ha manejado la solicitud de la prueba de embarazo, ASJ recurrió al Ministerio Público, para que hiciera un requerimiento penal, si fuera necesario, a quien incurra en una violación a las leyes (laborales o de derechos humanos) que existen en el país.

La denuncia se introdujo el 24 de julio de 2009 en la Fiscalía de Derechos Humanos, pero de ahí fue trasladada a la de Delitos Comunes, al mismo estilo con que juegan los niños una tradicional “papa caliente”. De ahí fue pasada a la Fiscalía de la Mujer, donde se encuentra actualmente estancada.

Desde la ASJ han estado involucrados dos periodistas y dos abogados y la presión no ha sido suficiente… ¿Podrá serlo el de una señora que no ha estudiado más allá de la primaria y que no cree en el sistema de justicia hondureño?

La fiscal de los Derechos Humanos en el Ministerio Público, Sandra Ponce, reconoce que la defensa de los derechos humanos en el ámbito laboral no ha sido suficiente en el país y no ha tenido suficiente peso para obligar a la Secretaría de Trabajo a tener un mejor accionar para evitar que la prueba de embarazo sea aplicada como un requisito de contratación.

“Nuestra intervención tampoco ha sido eficaz para garantizar a estas personas que tengan un trato igual y una igualdad de oportunidades en el caso de que a la mujer se le exija la prueba de embarazo”, asegura Ponce.

Con esas declaraciones, la propia fiscal de Derechos Humanos reconoce la implementación de un papel que el ministerio jamás ha jugado en pro de rubros como las trabajadoras de limpieza.

En una entrevista, la Fiscal Especial de la Mujer, Irma Grissel Amaya, apuntó que sin importar el momento en que se sufriera la discriminación, las afectadas deben acudir a sus oficinas para interponer la denuncia dejando entrever ambigüedad en sus declaraciones.

“Lo de la secretaría de trabajo es una obligación de ellos, la provisión de cambiar o de modificar esas normas que son discriminatorias. Eso no es algo administrativo, eso es algo que tienen que hacer las víctimas”, asegura Amaya.

Para la fiscal de la mujer, Grissel Amaya, es necesario una víctima, unos hechos y un delito para iniciar una acción legal en el ámbito penal por la prueba de embarazo y aquí se unen los siguientes aspectos: un acto penal (la discriminación) al hacer un requerimiento prohibido (solicitud de prueba de embarazo) por una empresa o su representante (autor del delito) en perjuicio de una mujer (víctima). De esta manera, se puede aplicar un requerimiento fiscal en contra del autor del delito de discriminación.

Sin embargo el problema sigue y ni Amaya ni ninguna otra fiscalía han requerido a empresa higienizadora alguna por este delito.

Pero en este punto es necesario hacer una relación entre las leyes y sus aplicadores. El artículo 46 de la LIOM establece la prohibición a la solicitud de la prueba de embarazo como requisito de contratación.

Tristemente, o quizá alevosamente, la LIOM solo establece la prohibición a la exigencia de una prueba de embarazo en las contrataciones laborales. La ley no establece una sanción, tampoco dicta una acción a seguirse en caso la violación al artículo 46, simplemente advierte acerca de una forma de discriminación.

Pese a que esta ley, en algún momento de la historia fue una causa de celebración por la igualdad que generaba en una sociedad tan desigual al asegurarle a cualquier mujer que no sería discriminada por pertenecer al mal llamado “sexo débil”, hoy día se comprobó que es una norma que no causa ni cosquilleos entre las autoridades, quienes se han convertido en cómplices por omisión en la problemática que enfrentan estas mujeres.

Sin embargo, existe una ruta para que el Ministerio Público pueda poner en práctica las prohibiciones de la LIOM.

El Código Penal de Honduras, en el artículo 321, establece que “Será sancionado con reclusión de tres (3) a cinco (5) años y multa de treinta mil (L.30, 000.00) a cincuenta mil Lempiras (L.50, 000.00) quien haga objeto de discriminación a otra persona por motivo de sexo, raza, edad, clase, religión, militancia partidista o política, adolecimiento de alguna discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Si el responsable es extranjero se le expulsará del territorio nacional una vez cumplida la condena.”

Gladys Lanza, Coordinadora General del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla asegura que aplicar una sanción es algo casi impensable: “No la va haber mientras el Estado no reconozca a la mujer como alguien que aporta a la sociedad; es la que produce no sólo hijos, sino que también produce capital”.

La presunta ambigüedad en la ley la han pagado caro las mujeres trabajadoras, particularmente las que pertenecen a un rubro tan desprotegido como el de las trabajadoras de las compañías de limpieza. La mayor parte de ellas aspiran a un trabajo operativo con remuneración correspondiente al salario mínimo y a la paga de las prebendas laborales completas establecidas en las leyes del país.

Un delito sin penalización

 

Empresa

Lugares donde tienen contratos

HIGIA

. Juzgados de la Niñez

. Juzgados Penales de la Granja

HIMO

. Reasa –concesionaria de vehículos

. Empresa Farmacéutica Bayer

PISOS BRILLANTES

Supermercados la Colonia

CHIC

. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

. Banco de los Trabajadores

. Banco del Café

. Secretaría de Salud

CODELEX

. Hospital Escuela

. Hospital San Felipe Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza

. Hospital del Sur, en Choluteca.

. Hospitales del Seguro Social a nivel nacional

. Banco Central de Honduras

. Instituto de la Propiedad y sus dependencias,

. Secretaría de Finanza y dependencias

. Secretaría Técnica de Cooperación –SECTO-

. Secretaría de Transporte y Vivienda –SOPTRAVI-

Sin embargo, pese a lo que el artículo 321 del Código Penal, las autoridades parecen sentirse atadas de manos y no dan indicios de encontrar una forma mediante la que puedan castigar el delito de discriminación en el que incurren las empresas al violentar lo que

manda la LIOM. Y si esta ley no contempla la sanción a quien sobrepase ese límite y el

Código penal sí lo hace, entonces, ¿por qué no aplicarlo?

 No obstante, pese a lo que dictan los estamentos legales nacionales e internacionales respecto a la discriminación producto de la prohibición a la maternidad, en Honduras este derecho se sigue violentando en medio de un nulo accionar de entes de la sociedad civil tales como las mujeres organizadas, la Secretaría de Trabajo y un Ministerio Público timorato que no acciona quizás porque carece de recursos, como suele ser su argumento o porque esta problemática en la realidad a nadie parece importarle y menos ponerle coto.  

A pesar del conocimiento público que hay de la solicitud de prueba de embarazo en las compañías de aseo y otras que deberían ser investigadas, la Secretaría de Trabajo no ha suplido la necesidad de protección que se grita en los pasillos de entes estatales y empresas privadas.

Los borrones y cuentas nuevas de las leyes

Contradictoriamente el Estado, en teoría, es el garante del respeto de los derechos humanos de la masa laboral, sin embargo presenta dos contradicciones.

Los entes estatales son los mayores contratantes (Link a cuadro de empresas /Estado) de estas empresas higienizadoras. Al Estado le resulta más fácil hacer un solo desembolso de pago hacia la empresa contratada, que manejar internamente los papeles y planillas del personal que no trabaja en los objetivos que la institución intenta alcanzar.

Quizá este sea uno de los mayores “tragos amargos” en el problema de violaciones laborales pues el estado mismo debería fungir como garante de todos los derechos – constitucionales, civiles – de los hondureños, pero no lo hace en el aspecto laboral al permitir que empresas con denuncias y un buen historial de faltas a la ley sigan concursando en las licitaciones sin restricciones en la Ley de contratación del Estado o de la Secretaría de Trabajo.

La Codelex, es la empresa que ocupó el segundo lugar en violaciones a derechos laborales, sin embargo se encuentra prestando su servicio en la mayor parte de las entidades del Estado. Referimos el segundo aspecto al hecho de que las leyes hondureñas deberían consignar la participación en las licitaciones y contrataciones de empresas con sobrado reconocimiento de respeto a los derechos laborales, pero la realidad es otra.

Si el Estado de Honduras es garante de que los derechos laborales no se violenten, debe preocuparse por no permitir participación en las licitaciones y menos la contratación a  empresas que como la Codelex, tienen un rosario comprobado de violaciones a derechos laborales.

Al consultarle a Sandra Ponce acerca del por qué en estos casos el Estado no está fungiendo como vigilante de los derechos una interrogante saltó a tela de juicio. “Yo creo que decir por qué no lo es, amerita una investigación. Lo claro es que debe de serlo, ya que tiene una responsabilidad de respetar los derechos humanos, es decir, no puede bajo esa dimensión de sus obligaciones internacionales incumplir el hecho de que él mismo no puede ser discriminador”.

A pesar de los antecedentes que preceden esta investigación, entre ellos el estudio realizado por la Asociación para una Sociedad más Justa y los testimonios de mujeres como Ana María Sevilla y Francisca Palma, el Ministerio Público y la Secretaría de Trabajo no cuenta con suficientes denuncias acerca de la violación al derechos a la maternidad ni la obligatoriedad en la realización de la prueba de embarazo en la que incurren los propietarios de las empresas de este rubro.

¿Existe alguna salida?

Un plan de acción podría ser como el que sugiere Minero. “Trabajar con las autoridades del trabajo primero y luego una campaña con dos públicos: obreras y autoridades para que denuncien estos hechos y que reciban y den tramite a éstas denuncias, respectivamente”.

En ese sentido, la Asociación para una Sociedad más Justa a través del proyecto laboral para grupos vulnerables, brindando atención a las y los trabajadores de comidas rápidas, guardias de seguridad y trabajadoras de limpieza, realiza esfuerzos; brinda atención legal y gratuita a quienes se le violentan sus derechos laborales.

Pero, ¿cuándo el Estado se convertirá en el verdadero garante de estos derechos? Gladys Lanza responde. “No es nuevo ver cómo el trabajo de la mujer fuera del hogar que en otros tiempos era una novedad, ahora abarca cualquier espacio imaginable por la humanidad, esto viene a significar una lucha por el completo entendimiento del papel que protagonizan las mujeres en todos los niveles laborales y cómo se desvaloriza su género hasta el punto de hacerla un condicionante para optar a un empleo”.

Sería necesario que los estamentos legales incluyesen en la LIOM sanciones penales en caso de que un empleador solicite la prueba de embarazo. Desde el seno de la ASJ, a algunas empresas privadas e instituciones públicas y del gobierno, se les ha hecho llegar un documento de propuesta para la inclusión de una cláusula (Link a documento de contrato) que permita un que verifique que no incumpla con los derechos laborales que el Código de trabajo otorga.

Las mismas organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos de las mujeres, juegan un papel importante en su supervisión del papel que el gobierno debe cumplir para proporcionar un espacio sin discriminación y pleno de oportunidades a las mujeres.

Esto va más allá que una lucha de género solamente. Es un respeto a la dignidad humana que cada persona en este mundo merece y que significa una responsabilidad para todos. No podemos desentendernos de ella y nuestras fuerzas deberían estar encaminadas a siempre velar por ellas.

La temática laboral que hemos abordado en esta investigación es un problema que no está escondido en Honduras. Simplemente no se toca en el ámbito público.

“Si somos las dadoras de vida y el sistema nos obliga a trabajar asalariadamente en una institución o una empresa entonces el sistema mismo se niega, porque necesita al ser humano para seguir reproduciendo y producir el capital y se niega si la emplea, y le niega el derecho a ser madre”, dice Gladis Lanza en su reflexión final.